Valencia, 3 nov (EFE).- El Síndic de Greuges, José
Cholbi, ha instado al Gobierno valenciano a no volver a financiar en el
futuro eventos como el cuarto congreso internacional del Síndrome de
Alienación Parental y Custodia Compartida celebrado en Valencia el
pasado marzo, ya que este síndrome carece de validez científica y
vulnera derechos fundamentales.
En
una recomendación, Cholbi atiende la queja de una particular en
relación a la organización de este simposio en Valencia, donde expertos
iban a debatir sobre los supuestos daños del síndrome de alienación
parental, que sin tener validez científica como herramienta de
diagnóstico puede atentar contra la igualdad.
Según
el Síndic, la financiación por parte de Gobernación no parece acertada
porque "a pesar de su difusión y popularidad, ha sido cuestionado como
concepto válido".
En este sentido, no solo ha sido
rechazado "continuamente" a ser admitido por los grandes sistemas de
clasificación de desórdenes médicos y psicológicos aceptados por la
comunidad científica y los organismos internacionales, sino también por
instituciones relevantes, ha explicado.
Entre
ellas se encuentra la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que
sostiene que "el sesgo de género en las descripciones del SAP es
innegable", ya que lleva a que las protestas del niño y la madre de
abuso o maltrato sean desoídas.
Cholbi
recuerda que los tribunales han incidido en la relación entre el SAP y
la custodia compartida, que según algunas resoluciones judiciales tienen
causas y consecuencias "íntimamente unidas tanto en lo económico como
en lo personal, en las crisis de pareja y contribuyen a la feminización
de la pobreza".
El Síndic considera que este
"pretendido síndrome" afecta al derecho a la igualdad entre hombres y
mujeres, y recuerda que la Administración está "obligada a detectar las
reacciones que surgen en determinados grupos contrarios a la igualdad
real".
En su opinión, el SAP
es "un instrumento al servicio de la estigmatización de las mujeres" y
tiene una "íntima relación" con la custodia compartida, que en los casos
en que resulta impuesta supone "un verdadero obstáculo para que la
igualdad sea real y efectiva y proteger a los menores".
Así,
el Síndic ha llamado a "la necesaria actuación de los poderes públicos
para estrechar la brecha cada vez mayor gracias al discurso no
igualitario, sino igualitarista, que se está instalando".
Por
ello, insta a Gobernación a que, en el futuro, evite financiar y
respaldar eventos que puedan afectar a derechos fundamentales, y
promueva por contra aquellos que "se dirijan a protegerlos".
La
autora de la queja denunciaba, con anterioridad a la celebración del
congreso, que la Conselleria de Gobernación fuera a colaborar en la
financiación de un evento cuya finalidad era la de difundir una
herramienta que "permite culpar a las mujeres de los miedos y angustias
razonables de los niños hacia su padre violento".
Por
ello, solicitaba que se adoptaran acciones que impidieran la aplicación
del SAP en ámbitos judiciales y sociales, al considerar que atenta
contra los principios democráticos y hace apología sexista y violenta
contra las mujeres y los menores.