Los padres condenados por maltrato deben perder automáticamente la custodia o ver restringidos sus derechos.
Deben prevalecer ante todo los derechos de los niños, su bienestar físico y psicológico ante cualquier otro derecho.
En los casos de violencia, los jueces no deben admitir solicitudes de cambios de custodia de los hijos y para ello es imprescindible que se tengan en cuenta SIEMPRE los antecedentes penales del progenitor en cuestión.
